Según la Agencia Nova y a partir de un informe de Idesa, la propuesta de bajar la edad de imputabilidad de los jóvenes pasa por alto las consecuencias asociadas a la decadencia de la educación pública, especialmente, en el nivel medio, señala un informe recientemente elaborado por el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).
Según el estudio “en los últimos años se observa que, en un contexto de un intenso proceso de recuperación económica, la educación secundaria tiene cada vez menos alumnos y los niveles de calidad son sorprendentemente deficitarios. El problema de fondo es que la educación pública tiene muchos y enfáticos defensores, pero ningún responsable de sus sistemáticos fracasos”.
“Ante los justificados reclamos que genera la creciente inseguridad, se ha planteado en el debate público la idea de bajar la edad de imputabilidad para las personas involucradas en actos de delincuencia. La propuesta se basa en la evidencia de que una cantidad creciente de delitos son cometidos por jóvenes entre 14 y 18 años. Se supone que aumentando las penas, los jóvenes se sentirán desalentados a cometer ilícitos”, agrega el trabajo elaborado por Idesa.
Seguidamente, el informe se pregunta: “¿La delincuencia juvenil es fundamentalmente un problema asociado a la falta de castigos o a la falta de oportunidades? Un primer elemento a indagar es la situación de la educación secundaria, ya que se trata del principal motor de oportunidades para el desarrollo personal de los jóvenes”.
Luego, indica que “en términos cuantitativos, según datos del Ministerio de Educación de la Nación se puede observar que:
En 1997 la matricula total de la educación media era de 2,46 millones de alumnos y sube hasta llegar en el 2002 a 2,79 millones de alumnos.
Luego la matricula muestra un comportamiento descendente que se prolonga hasta el año 2006 cuando llega al mínimo de 2,72 millones de alumnos.
La caída se produce en la escuela pública que se reduce desde 2,0 millones en el 2003 a 1,93 millones de jóvenes en el 2006, mientras que en las escuelas privadas aumenta, aunque absorbiendo menos de un cuarto de la perdida en el sector público.
En el 2003 la caída de la matricula en la secundaria puede ser explicada por los efectos sociales de la crisis del 2002. Sin embargo, este argumento no se sostiene para los años subsiguientes cuando el país transitó un vigoroso proceso de recuperación económica. Si, además se incorporaran a los análisis variables cualitativas –esto es, cuánto aprenden los jóvenes en la educación media– el panorama sería aún más desolador. Esto lleva a enfatizar que un problema central por sus connotaciones económicas, sociales y sobre la delincuencia es la decadencia del sistema educativo.
“Paradójicamente, el periodo que transcurre entre el 2003 y el 2006 ha sido prolífero en leyes educativas. El Congreso de la Nación sancionó cinco: Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ley de Garantía de Salario Docente, Ley de Educación Técnico Profesional, Ley de Financiamiento Educativo y, más reciente, Ley de Educación Nacional. Estas normas son exuberantes en fijar objetivos y fueron enmarcadas en discursos y rituales con encendidas defensa de la educación pública. Se llegó a la ironía de que mientras la matricula muestra una tendencia descendente, en la Ley de Educación Nacional estableció, entre otros preceptos, que la educación secundaria en Argentina es obligatoria”, señala el Idesa.
Al respecto, indica que “el período también ha sido prolífico en conflictos gremiales. Una particularidad es que en los reclamos gremiales (que frecuentemente implican pérdidas de días de clase) subyace también la argumentación de que son motorizados por la necesidad de proteger la educación pública. Las normas que viene sancionando el Congreso hacen una contribución destacada en favor de exacerbar la conflictividad. Mientras la gestión de las escuelas sigue estando a cargo de las Provincias, los recursos y la influencia sobre las discusiones salariales se concentran cada vez más en el ámbito nacional”.
“La educación pública tiene muchos defensores, pero ningún responsable de la mala gestión. Formalmente, la Constitución Nacional contempla que son los gobiernos provinciales los responsables de la administración de la educación básica y, para ello, cuenta con los recursos de la coparticipación de impuestos”, indica el informe.
También, sostiene que “la realidad es que el Congreso, por acción y omisión, ha llevado la centralización de recursos y la influencia nacional a niveles extremos y violatorios de las reglas constitucionales. La superposición de reglas de juego irracionales genera el terreno propicio para que muchos sectores pujen explícitamente para aparecer como los más enfáticos defensores de la educación pública, pero luego eluden solapadamente sus responsabilidades en el contundente fracaso”.
“Esta situación tiene analogías con la reforma previsional que se trata en el Congreso. Al igual que con la educación pública, el régimen de reparto tiene enfáticos defensores, pero nadie se hace cargo de la estafa que sufren muchos jubilados actuales que están cobrando un haber muy por debajo del que correspondería si se cumpliera con el precepto constitucional de la movilidad”, se indica.
Por último, el Idesa señala que “obviamente, tampoco habrá responsables cuando los jubilados futuros sufran las consecuencias de que sus ahorro previsionales fueron desviados para financiar 1,8 millones de beneficios otorgados, a través de las moratorias, a personas que no hicieron los aportes que fija la ley”. (http://www.agencianova.com/)
Según el estudio “en los últimos años se observa que, en un contexto de un intenso proceso de recuperación económica, la educación secundaria tiene cada vez menos alumnos y los niveles de calidad son sorprendentemente deficitarios. El problema de fondo es que la educación pública tiene muchos y enfáticos defensores, pero ningún responsable de sus sistemáticos fracasos”.
“Ante los justificados reclamos que genera la creciente inseguridad, se ha planteado en el debate público la idea de bajar la edad de imputabilidad para las personas involucradas en actos de delincuencia. La propuesta se basa en la evidencia de que una cantidad creciente de delitos son cometidos por jóvenes entre 14 y 18 años. Se supone que aumentando las penas, los jóvenes se sentirán desalentados a cometer ilícitos”, agrega el trabajo elaborado por Idesa.
Seguidamente, el informe se pregunta: “¿La delincuencia juvenil es fundamentalmente un problema asociado a la falta de castigos o a la falta de oportunidades? Un primer elemento a indagar es la situación de la educación secundaria, ya que se trata del principal motor de oportunidades para el desarrollo personal de los jóvenes”.
Luego, indica que “en términos cuantitativos, según datos del Ministerio de Educación de la Nación se puede observar que:
En 1997 la matricula total de la educación media era de 2,46 millones de alumnos y sube hasta llegar en el 2002 a 2,79 millones de alumnos.
Luego la matricula muestra un comportamiento descendente que se prolonga hasta el año 2006 cuando llega al mínimo de 2,72 millones de alumnos.
La caída se produce en la escuela pública que se reduce desde 2,0 millones en el 2003 a 1,93 millones de jóvenes en el 2006, mientras que en las escuelas privadas aumenta, aunque absorbiendo menos de un cuarto de la perdida en el sector público.
En el 2003 la caída de la matricula en la secundaria puede ser explicada por los efectos sociales de la crisis del 2002. Sin embargo, este argumento no se sostiene para los años subsiguientes cuando el país transitó un vigoroso proceso de recuperación económica. Si, además se incorporaran a los análisis variables cualitativas –esto es, cuánto aprenden los jóvenes en la educación media– el panorama sería aún más desolador. Esto lleva a enfatizar que un problema central por sus connotaciones económicas, sociales y sobre la delincuencia es la decadencia del sistema educativo.
“Paradójicamente, el periodo que transcurre entre el 2003 y el 2006 ha sido prolífero en leyes educativas. El Congreso de la Nación sancionó cinco: Ley de Fondo Nacional de Incentivo Docente, Ley de Garantía de Salario Docente, Ley de Educación Técnico Profesional, Ley de Financiamiento Educativo y, más reciente, Ley de Educación Nacional. Estas normas son exuberantes en fijar objetivos y fueron enmarcadas en discursos y rituales con encendidas defensa de la educación pública. Se llegó a la ironía de que mientras la matricula muestra una tendencia descendente, en la Ley de Educación Nacional estableció, entre otros preceptos, que la educación secundaria en Argentina es obligatoria”, señala el Idesa.
Al respecto, indica que “el período también ha sido prolífico en conflictos gremiales. Una particularidad es que en los reclamos gremiales (que frecuentemente implican pérdidas de días de clase) subyace también la argumentación de que son motorizados por la necesidad de proteger la educación pública. Las normas que viene sancionando el Congreso hacen una contribución destacada en favor de exacerbar la conflictividad. Mientras la gestión de las escuelas sigue estando a cargo de las Provincias, los recursos y la influencia sobre las discusiones salariales se concentran cada vez más en el ámbito nacional”.
“La educación pública tiene muchos defensores, pero ningún responsable de la mala gestión. Formalmente, la Constitución Nacional contempla que son los gobiernos provinciales los responsables de la administración de la educación básica y, para ello, cuenta con los recursos de la coparticipación de impuestos”, indica el informe.
También, sostiene que “la realidad es que el Congreso, por acción y omisión, ha llevado la centralización de recursos y la influencia nacional a niveles extremos y violatorios de las reglas constitucionales. La superposición de reglas de juego irracionales genera el terreno propicio para que muchos sectores pujen explícitamente para aparecer como los más enfáticos defensores de la educación pública, pero luego eluden solapadamente sus responsabilidades en el contundente fracaso”.
“Esta situación tiene analogías con la reforma previsional que se trata en el Congreso. Al igual que con la educación pública, el régimen de reparto tiene enfáticos defensores, pero nadie se hace cargo de la estafa que sufren muchos jubilados actuales que están cobrando un haber muy por debajo del que correspondería si se cumpliera con el precepto constitucional de la movilidad”, se indica.
Por último, el Idesa señala que “obviamente, tampoco habrá responsables cuando los jubilados futuros sufran las consecuencias de que sus ahorro previsionales fueron desviados para financiar 1,8 millones de beneficios otorgados, a través de las moratorias, a personas que no hicieron los aportes que fija la ley”. (http://www.agencianova.com/)
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